Hubiese sido esperable que la llamada Ley de Jardines Infantiles impulsada por el Gobierno tuviera un fácil trámite en el Congreso. A diferencia de otros proyectos incluidos en la agenda educacional, que involucran temas de controversia en la sociedad chilena, esta iniciativa responde a un amplio consenso respecto de la necesidad de introducir ciertas regulaciones en la enseñanza preescolar, entendiendo por esta la que entrega “educación integral” desde el nacimiento hasta el ingreso a la básica. Su principal novedad es exigir una autorización previa, a ser entregada por el Ministerio de Educación, para el funcionamiento de esos establecimientos, los que pasarán a ser fiscalizados por la Superintendencia del ramo. Se recoge así la preocupación suscitada por algunos casos de alta connotación pública, que han mostrado la existencia de situaciones irregulares -y aun constitutivas de delitos- en este tipo de centros, pero el cambio además busca contribuir a mejorar la calidad de la formación entregada en este nivel, que puede ser crucial para el desarrollo posterior de los niños.

El proyecto ya fue aprobado por los diputados a mediados del año pasado, pero aunque en el Senado la idea de legislar recibió apoyo unánime, su discusión particular en la comisión de Educación se ha vuelto compleja. El motivo son algunas de las indicaciones presentadas por parlamentarios de la Nueva Mayoría, las que, de prosperar, pueden tener negativas consecuencias. Así, una de las propuestas busca establecer, como requisito para recibir la autorización ministerial, el que estos establecimientos deban ceñirse a las bases curriculares definidas por esa cartera. Dicha imposición impediría el desarrollo de proyectos alternativos en el nivel preescolar, el que quedaría sometido a restricciones mayores que las del resto de la enseñanza. En efecto, en educación básica y media existen experiencias educativas exitosas que no se someten al currículo nacional y cuyos alumnos deben luego dar exámenes libres para que sus estudios sean reconocidos. Insólitamente, estos colegios no podrían en adelante impartir educación parvularia: en ese nivel la sujeción al currículo ya no sería solo condición para obtener reconocimiento oficial, como en el resto del sistema, sino para simplemente funcionar.

Si dicha indicación puede estimarse atentatoria contra la libertad de enseñanza, otras propuestas parlamentarias, de prosperar, traerían muy indeseables (y tal vez impensados) efectos. Por ejemplo, la idea de exigir giro único a los sostenedores de estos establecimientos puede significar el fin de las salas cuna que -en cumplimiento del Código del Trabajo- operan en las empresas, las cuales se verían obligadas a siempre externalizar este servicio. El mismo efecto tendría imponer -como se pretende- que los sostenedores de este nivel deban tener un título profesional de 8 semestres. El efecto sería especialmente complejo en zonas rurales, donde la oferta de salas cuna es reducidísima.

Cabe apelar al buen criterio de los legisladores para sopesar las consecuencias de sus propuestas y alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante este proyecto. Con todo, el tono de algunas de estas indicaciones y la desconfianza que parecen expresar respecto de la diversidad de modelos de enseñanza constituyen un inquietante antecedente cuando el país se apronta a debatir durante este año profundas reformas a su sistema educacional.

Fuente: El Mercurio 17 Enero 2014 Cuerpo A p. 3 Editorial